El beneficio de la duda y la presunción de inocencia deben ser concedidos a toda persona en toda sociedad que invoque principios cristianos en su constitución, aún a riesgo de incurrir en ocasiones en impunidad. La existencia de la “duda razonable” no puede ignorarse a la hora de impartir justicia al punto que es siempre preferible una sociedad en la que un culpable no sea castigado por falta de evidencias concluyentes en su contra, que una en la que un inocente lo sea simplemente con base en indicios que lo señalen. Porque Dios, de cierto modo, nos concede el beneficio de la duda al diferir su justa sentencia condenatoria sobre nosotros, brindándonos así oportunidad de apreciar y acogernos a su misericordia. En efecto, a pesar de existir suficientes razones para hacerlo y sin dejar de reprendernos en el proceso, Dios no nos acusa ni denuncia incisivamente, pues su paciencia tiene el propósito de otorgarnos tiempo para que nos reconciliemos con Él mediante la fe, antes de caer en un endurecimiento irreversible respecto de Él. Los cristianos debemos, por tanto, conceder también estos beneficios a nuestro prójimo a la hora de emitir opiniones sobre su carácter, de modo que si albergamos sospechas sobre él sin fundamento en hechos concretos, prefiramos equivocarnos a su favor y no en su contra, pues, como alguien lo dijera con acierto: “Es tan difícil ser justo, que la prudencia aconseja ser indulgente”. Ya lo dijo el Señor: “Si ustedes supieran lo que significa: ‘Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios’, no condenarían a los que no son culpables” (Mateo 12:7)
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