En un mundo donde a menudo los poderosos tienen los recursos para ser escuchados e imponerse sobre los demás, las personas marginadas, pobres y desposeídas se encuentran en manifiesta desventaja para defender sus derechos y dignidad. Un estado de cosas que justifica la exhortación que Dios dirige a Su pueblo en estos términos: “»¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos! ¡Levanta la voz y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!»” (Proverbios 31:8-9), un mandato que nos recuerda que Dios es justo y vela, por tanto, por los oprimidos que no tienen los medios para hacerse oír. La Iglesia tiene, pues, la responsabilidad de interceder por aquellos que sufren, luchan y son injustamente tratados. Este mandato no solo se refiere a la labor asistencial, sino a la acción social para defender sus derechos. La iglesia no puede, pues, prescindir del espíritu profético que nos impide quedarnos callados ante la injusticia, sino que debe hacer todo lo posible por aliviar las situaciones de injusticia que viven los más vulnerables, reflejando así el corazón de Dios, Quien en la ley y en el evangelio mostró compasión por los pobres, las viudas, los huérfanos y los desamparados. La Iglesia no puede estar al servicio del establecimiento de manera acrítica, sino que debe mantener su independencia del poder político para no perder su función de ser fuente de justicia y esperanza para todos. Así, cada creyente está llamado a ser un defensor de aquellos que más lo necesitan, levantando la voz por ellos y obrando a su favor con justicia
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